Nº 538 - 13 de enero de 2003

Acusan al Gobierno de favorecer la investigación militar

Los científicos españoles se rebelan

La comunidad científica española se ha rebelado contra la política del Gobierno en materia de I+D. La creciente inversión del Estado en proyectos de investigación con fines militares ha dado lugar a una plataforma de “objetores científicos”, que reclaman mayores fondos para la investigación civil en un país donde se registra uno de los índices más bajos de I+D de toda la Unión Europea. Mientras, la oposición socialista denuncia que España es el tercer país del mundo que más gasta en proyectos militares y el Ministerio de Ciencia y Tecnología defiende su actuación y asegura que su aportación económica se limita a préstamos a largo plazo.

Por Goya Sanz

Que la comunidad científica española es una de las más descontentas con la política del Gobierno en materia de I+D es un hecho de sobra conocido. Las esperanzas despertadas tras la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre los investigadores de este país se han ido diluyendo por la que interpretan una falta de interés por su trabajo. El último capítulo de quejas se encuentra en los Presupuestos Generales del Estado. Entre las dotaciones del ministerio, destaca la elevada partida destinada a las investigaciones con fines militares. Para este año 2003, las empresas que desarrollan proyectos armamentísticos de carácter ofensivo disponen de 1.373 millones de euros, el 34,3% del total de los fondos para I+D presupuestados por el Estado (4.000 millones de euros). En cambio, el programa que constituye la principal fuente de financiación pública para los grupos de investigación de Universidades y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibe el 10,4% del total.

La situación no es nueva. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, el dinero público destinado a proyectos militares han ido experimentando un constante crecimiento. Así, el porcentaje de fondos destinados a I+D militar respecto del total alcanzó en 1999 la cifra del 53,9%, el más alto registrado hasta ahora, mientras que en 1995 era del 23,4%.

Esta circunstancia dio pie a que la pasada primavera la Fundació per la Pau, agrupación catalana de científicos, impulsara una campaña para reunir firmas contra esta política gubernamental. Así, 1.003 personas, entre los que destacan investigadores de universidades catalanas como el catedrático de Ingeniería Química y ex rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carles Solá, y el bioquímico y ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, se han declarado “objetores científicos” y han ratificado un manifiesto con el que se comprometen a “no participar en ninguna investigación que tenga una finalidad militar o esté subvencionada con fondos destinados a la investigación con fines militares”.

Con motivo de la campaña, la fundación, presidida y dirigida por los científicos Alfons Banda y Jordi Armadans, respectivamente, realizó un informe en el que detalla los presupuestos que el I+D militar recibe por parte del Ejecutivo. En él asegura que la mayor parte de estos fondos (la cifra de 1.373 millones de euros es el resultado de sumar los 322,97 millones centralizados por el Ministerio de Defensa y los anticipos del de Ciencia y Tecnología) se destinan al diseño y construcción o modernización de doce tipos distintos de armamento de carácter ofensivo, y no a la investigación propiamente dicha.

Además, la fundación destaca que la cuantía de los distintos programas con fines militares no aparece especificada en los Presupuestos para 2003, aunque señala que los destinatarios prácticamente únicos de los 1.049,9 millones de euros dedicados al capítulo de préstamos para la investigación son cuatro empresas dedicadas total o parcialmente a la fabricación de armamentos: EADS-CASA, IZAR (antigua empresa nacional Bazán), ITP y Santa Bárbara Sistemas. “Estas cuatro empresas –dice la Fundació per la Pau– se reparten, para programas de I+D militar, un presupuesto que es más de dos veces superior al que reciben en conjunto todas las universidades españolas y el CSIC para I+D civil”.

También llama la atención sobre la situación que ocupa España en el ámbito europeo e internacional. Así, dice que a nuestro país tan sólo le superan dos potencias nucleares, Estados Unidos (50%) y el Reino Unido (37%), en porcentaje de presupuestos de I+D dedicados a fines militares (los datos se han obtenido de la OCDE y la Secretaría de Estado de Política Científica y corresponden al año 2000). Sin embargo, se encuentra en el tercer puesto de cola de la Unión Europea respecto a investigación y desarrollo científico.

Interpretación de los programas. Para explicar su desacuerdo con la forma en que el Ministerio de Ciencia y Tecnología concede las subvenciones, Fundació per la Pau acude a los diferentes programas en los que aparecen desglosadas. En el cuadro “Presupuestos de los Programas de Investigación para el 2003”, se detalla que el 50,2% de los gastos de I+D van a parar al programa de “Investigación y Desarrollo Tecnológico” también denominado 542.E, gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (antes por el de Industria). En este apartado destaca el subprograma 542.E.3, que consiste en aportaciones y préstamos a largo plazo, reembolsables sin intereses, para determinadas empresas. Para el año que ahora comienza, esta cartera va a proporcionar fondos para 17 proyectos, doce de los cuales son militares y el resto civiles. Según el subprograma 541.A, el importe de los anticipos para el desarrollo de productos militares asciende a 1.049,9 millones de euros, de los cuales 492,5 son para empresas públicas y 557,4 millones para las privadas. Además, dice que sobre los préstamos a largo plazo contenidos en el subprograma 542.E.3 que ascienden a 444 millones de euros, los Presupuestos Generales del Estado no especifican a qué tipo de proyectos se destinan, de modo que los dedicados a fines militares podrían alcanzar un porcentaje mayor al ya considerado.

La Fundació per la Pau añade que estas aportaciones se destinan tanto a I+D como a cubrir los gastos de fabricación, en detrimento del programa de “Investigación Científica”, dirigido a Universidades y el CSIC, que debe conformarse con el 8,3% del total del presupuesto para I+D.

El grupo parlamentario socialista también ha criticado el constante incremento del Presupuesto español dedicado al I+D militar y lo ha comparado con los países de nuestro entorno. El diputado del PSOE, Jaime Lissavetzky, también denunció el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados que a España, según datos de la OCDE, tan sólo le superan Estados Unidos y el Reino Unido en porcentaje de presupuestos destinado a I+D militar. Sin embargo, es el tercer país de la UE que menos gasta en investigación y sus partidas para I+D militar es muy superior al de la media europea (34,3% del total del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología frente al 14,5% de la media europea). Además, explica que los gastos de I+D en defensa han crecido espectacularmente desde 1996 (de un 5% del total hasta llegar al porcentaje actual) y que entre este periodo de tiempo considerado, el gasto en ciencia básica ha bajado en España del 17% al 9% del porcentaje asignado para investigación en la Función 54 de los Presupuestos, esto es, el apartado donde aparecen detallados todos los fondos que concede el Estado para la investigación.

Lissavetzky, al igual que la Fundació per la Pau, critica que los programas militares de defensa, tales como los aviones Eurofighter, las fragatas F100, los carros de combate Leopard y los aviones A400 M, estén asignados a la partida presupuestaria de Ciencia y Tecnología cuando, dice, estos programas consisten en la fabricación repetitiva de unidades. En un informe sobre los presupuestos de I+D, Lissavetzky asegura que la situación ha llegado a tal punto que la cartera de Josep Piqué se ha convertido en una Secretaría de Estado de Defensa, “ya que como dice el ministro Trillo, ‘estoy muy contento, porque casi todas mis inversiones están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología’”.

El diputado, que considera que la política de préstamos desarrollada por la Función 54 (sus programas están destinados a financiar la investigación, no a subvencionarla) hipoteca al sector público para los próximos años, propuso en el Parlamento que, para salvar la distancia que nos separa de la Unión Europea desde el punto de vista científico y tecnológico, se aplicaran al sistema de ciencia y tecnología las cantidades reintegradas que se vayan produciendo con la devolución de estos préstamos. La propuesta fue rechazada finalmente por el grupo parlamentario popular.

La crítica del socialista no deja ningún cabo suelto. Basándose en un estudio de la Comisión de las Comunidades Europeas, dice que las debilidades estructurales del sistema de ciencia y tecnología en España son la escasez de gasto público y privado en I+D, el pequeño número de patentes en alta tecnología y la baja utilización de Internet. Además, asegura que existe una notable descoordinación con las Universidades, centros de importantes proyectos de I+D, al no pertenecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Respecto al aumento de los recursos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, considera que es muy escaso (3,6%), por debajo del crecimiento económico (3%) más la inflación (2%) previstos para 2003. Lo mismo dice de los presupuestos de la Función 54, que suben el 5,5%, “solo 0,5 puntos por encima del crecimiento previsto más la inflación esperada para este año”, y no permite reducir la distancia que separa a España de la media europea.

Lissavetzky dice también que la gestión presupuestaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología es la peor del Gobierno, ya que en el año 2001 dejó sin gastar 520 millones de euros, según figura en la liquidación del presupuesto de aquel año. Esto afecta principalmente a la Función 54, ya que 421 millones de euros de los que finalmente no fueron desembolsados dependían de sus programas.

Por otra parte, explica que el presupuesto destinado a investigación es un “presupuesto asimétrico” que no prioriza la investigación básica: según los datos del INE, la ciencia básica suponía el 25,3% en 1995 y ha pasado a ser el 20,5% en 2000 del total del sistema español de I+D.

Respecto a los proyectos militares financiados, que perciben uno de cada tres euros destinados a I+D, incide en el hecho de que a los ya tradicionales aviones y carros de combate y fragatas, en 2003 se incorporan a la financiación helicópteros de ataque, submarinos y el desarrollo del misil Meteor, entre otros.

Desglosando el tipo de aportación presupuestaria contenida en la Función 54, Lissavetzky también ha llegado a la conclusión de que las subvenciones (que no los préstamos o gastos financieros) del sistema de I+D ha descendido este año en 2,3 puntos (del 70,2% en 2002 a 67,9% en 2003). El diputado añade que “si se lleva a cabo la comparación del peso del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el total de la Función 54 (4.000,12 millones de euros), es decir, incluido el capítulo de préstamos, se observa un descenso de 1,5 puntos de 2002 a 2003”.

La versión del ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología niega alguna de las acusaciones de científicos y oposición y entra al detalle de los Presupuestos para explicar lo que desde la cartera presidida por Josep Piqué se está haciendo para el fomento de la investigación científica en este país, para definir el tipo de ayudas prestadas a defensa y para desvelar el porqué de las mismas.

Respecto a los presupuestos de I+D para proyectos con fines militares, fuentes oficiales del ministerio dicen que cuando Josep Piqué era titular de Industria, llegó a un acuerdo con el entonces secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, para responsabilizarse de las subvenciones y préstamos a los proyectos con fines militares, concretamente los relativos a la investigación y desarrollo de aviones de combate, fragatas y carros de combate. Además, explican que no paga “nada porque Defensa nos lo devuelve. La partida dedicada a proyectos con fines militares consiste en préstamos a largo plazo a las empresas que ejecutan los proyectos.” Aseguran que “el presupuesto de Defensa no resta fondos a las becas. La partida para becas va por otro camino. Hasta ahora se han destinado más fondos a lo militar que a lo civil, pero la tendencia ya está siendo al revés. El año pasado, este ministerio destinó a defensa el 39% de sus presupuestos y en 2003, el 34,3%”. Las fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología dicen que los gastos se han estabilizado y subrayan que se ha producido un incremento del presupuesto para proyectos civiles del 5,5% (el que los socialistas consideran insuficiente). Desde la cartera de Josep Piqué se considera que existe poca información al respecto, e insiste en que no se ha pagado ni un céntimo a Defensa, que se limitan a financiar I+D y que los fondos no están destinados, como dicen científicos y socialistas, a producir unidades de carácter armamentístico.

En cuanto a la propuesta parlamentaria de Jaime Lissavetzky, rechazada por el grupo popular, de invertir el dinero devuelto por las empresas, dicen que el ministerio reintegra toda la cantidad al Tesoro y “es Hacienda la que decide lo que hace con el dinero”.

Ante las quejas referidas a la escasa financiación percibida por los científicos españoles, reconocen que tan sólo asciende al 0,94% del PIB, pero aseguran que están trabajando para cumplir el compromiso europeo de alcanzar en 2008 el 3%. “En el periodo comprendido entre 1996 y 2000, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se ha pasado del 0,83% al 0,94% del PIB, lo que representa un incremento del 13,25%. Vamos a seguir incrementando el presupuesto, pero también hay que decir que la aportación de las empresas a la investigación es muy baja. Éstas, de cada 100 euros, contribuyen con 53,2, cuando la media europea es de 65,4 euros y el resto lo sufraga la Administración. El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor pero también las empresas españolas, que están poco acostumbradas a investigar. Pretendemos incentivar a las entidades para alcanzar la previsión del 3%”.

Desde el ministerio también se ha querido explicar que la cifra dada por algunos medios de comunicación (6.010 millones de euros) para dar cobertura a los nuevos proyectos con fines militares está sacada de contexto aunque “puede que estos nuevos programas sí supongan un porcentaje alto con respecto a la media”.

Por otra parte, desde el departamento de Josep Piqué se incide en la idea de que gestiona el 84% de los 4.000 millones de pesetas contenidos en la Función 54 y repartidos entre varios ministerios para fomentar la investigación.

También explican que la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica se encarga de conceder las subvenciones y préstamos mediante tres tipos distintos de actuaciones. La primera de ellas se desarrolla a través del Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica (PROFIT), cuya finalidad consiste en la promoción de la investigación en las empresas. Entre sus actuaciones destacan las convocatorias anuales para financiar proyectos industriales presentados por las empresas mediante subvenciones y préstamos. En sus tres primeros años, han concurrido más de 7.700 entidades con 16.000 proyectos de I+D+I. De ellos, 6.200 proyectos han recibido ayudas por un importe total de 2.200 millones de euros para el periodo 2000-2002, lo que ha dado como resultado una inversión total asociada a los proyectos financiados que asciende a los 11.700 millones de euros. Esta cifra es el resultado de las ayudas económicas prestadas por la Administración y la propia inversión que han de realizar las empresas para sacar adelante sus proyectos.

Estas actuaciones encaminadas están basadas en el Programa Nacional de Investigación 2000-2003, en este caso y en todos los casos referidos a proyectos financiados, el préstamo se concede sin intereses y es reembolsable hasta un periodo máximo de siete años.

Desde el Ministerio se reconoce que no existe una normativa clara respecto al porcentaje que corresponde a subvención y el que corresponde a préstamo, aunque dice regirse por las perspectivas de éxito del proyecto que percibe las ayudas.

La segunda actuación son las ayudas a la investigación básica, es decir, a los proyectos de I+D. Dentro de las líneas básicas del Plan Nacional de Investigación, aparecen reflejados una serie de programas (astronomía, astrofísica, biomedicina, fusión termonuclear…) que básicamente desarrollan las universidades. En este caso, una vez que se han aprobado los proyectos presentados, se aprueba o no la inversión (se trata de subvenciones, no de préstamos). El pasado año, esta actuación contó con 250 millones de euros. Para 2003, se han presupuestado 280 millones de euros para 2.800 proyectos de universidades y centros públicos y privados, el CSIC y centros tecnológicos.

Por último, la tercera actuación se refiere a la concesión de becas a través de dos programas: el Ramón y Cajal y el Torres Quevedo. El primero pretende apoyar desde el área de recursos humanos a los centros de investigación (ver el cuadro Los retrasos del Ramón y Cajal) y el segundo, incentivar la contratación de doctores y tecnólogos en las empresas. L

 

Evolución de los Presupuestos

Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, los presupuestos de I+D destinados a programas militares se han incrementado de forma significativa. A continuación, reproducimos los porcentajes que estas partidas han representado desde 1995 sobre el volumen total de fondos destinados a la investigación.

Año Porcentaje de I+D militar respecto del total

1995  

23,4%
1997  37,0%
1998 47,2%
1999    53,9%
2000 41,2%
2001 38,7%
2002 39,3%
2003 34,3%

 

  

La Función 54      
La Función 54 es la parte de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a la investigación de todos los ministerios susceptibles de desarrollar programas de I+D. En esta tabla aparece detallada la cantidad y el porcentaje de cada uno de ellos para el año 2003.
Ministerio

Programa

Presupuesto (millones euros) % del total
Ciencia y Tecnología Investigación Científica                333, 63 8,3
Astronomía y Astrofísica        11,55 0,3
I+D tecnológico            2.009,41  50,2
Investigación y experimentación agraria        51,71 1,3
Investigación oceánica y pesquera      36,50 0,9
  Investigación geológico-minera y medioambiental       26,70 0,7
  Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica   363,78 9,1
I+D de la sociedad de la inform.     412,09 10,3
Investigación energética, medioambiental y tecnológica         66,84 1,7
Dirección y servicios generales de ciencia y tecnología       59,96  1,5
Sanidad  Investigación sanitaria 197,37 4,9
Educación Investigación científica 82,82 2,1
Defensa Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 322,97 8,1

Otros Ministerios (Hacienda, Presidencia, Sanidad

Varios 20,16 0,5
TOTAL 4.000,12
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Año 2003

 

LOS RETRASOS DEL "RAMÓN Y CAJAL"

La pasada semana, el diario El País publicaba una noticia donde daba cuenta del impago por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 22 millones de euros correspondientes a los 500 investigadores seleccionados en la convocatoria de 2002 del programa Ramón y Cajal. Según la información, a pesar de haber acelerado los trámites a lo largo de todo el año, 2002 ha terminado sin que el secretario de Estado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, Pedro Morenés, firmase la resolución de becas. Poco antes de que concluyera el plazo y en vista de que aún no se habían pagado, el socialista Jaime Lissavetzky preguntó en el Parlamento: “¿se debe al cambio de Gobierno, al cambio de secretario de Estado, o es que están ustedes jugando al déficit cero?”. Porque tal y como concluía la información, las becas deberán ser sufragadas con los presupuestos de 2003.

A preguntas de El Siglo, fuentes oficiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología reconocen que ha habido un retraso en el pago de las becas, pero que todavía parte de los 22 millones de euros se podrán sufragar con los presupuestos de 2002 y el resto con los del año que ahora comienza “pero pagarse se paga. Ha habido un problema en intervención”.

El programa Ramón y Cajal fue anunciado a bombo y platillo por la entonces titular del ministerio, Anna Birulés, como uno de sus planes estrella para recuperar los “cerebros” españoles emigrados a otros países ante la falta de fondos públicos y privados para el fomento de la investigación científica y tecnológica, aunque en realidad también está destinado a los investigadores que residen en el país.

Su objetivo consiste en la concesión de ayudas para la contratación laboral de doctores y tecnólogos, por un plazo de cinco años, en centros de investigación y desarrollo. También pretende la identificación de los científicos de más calidad, atender las necesidades de crecimiento de investigadores en las áreas prioritarias del Plan Nacional de Investigación y ayudar a los centros de I+D a definir sus prioridades estratégicas.

Las becas, que se conceden por cinco años, financian distintos porcentajes en función de las anualidades. Así, el primer año se concede el 100% del coste de contratación, el segundo, el 90%, y al resto de los años se le resta otro 10% a la cantidad ya descontada, que asumirá la entidad contratante. Así, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ofrece ayudas al centro de I+D por importe de 38.800 euros, y la retribución neta del investigador asciende a 29.000 euros.


I+D de Defensa

El Ministerio de Defensa también financia con el 8,1% de los Presupuestos del Estado para investigación de proyectos con fines militares. Estas son las inversiones más importantes gestionadas por la cartera de Federico Trillo.

Programas Millones de euros
Sensores y guerra electrónica       18,67
Avión EF-2000 (Eurofighter)          25,65
Tecnologías de la información y comunicación  42,64
Plataformas, propulsión y armas 63,72
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Año 2003. Programa 542C

 

Ciencia y Tecnología para fines militares

Los proyectos de desarrollo de nuevos armamentos subvencionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2003 han provocado el rechazo de parte de la comunidad científica y la oposición. Esta es la relación de los proyectos y las empresas receptoras de su presupuesto. La cantidad asignada no está definida en buena parte de los casos.

Proyectos      Contratistas
Avión de combate EF-2000  Consorcio CEDIEF (EADS-CASA, ITP)
Modernización de aviones patrulla P-· Orion        EADS-CASA
Desarrollo de fragatas F-100         IZAR Construcciones navales, SA
Desarrollo carros de combate Leopardo     Santa Bárbara Sistemas, SA
Avión de transporte militar A400M  EADS-CASA, ITP
Versiones militares de los aviones Airbus A310 y A330  EADS-CASA
Tobera vectorial para reactores  ITP
Helicópteros de ataque No especificadas
Submarino S-80 IZAR
Buque de desembarco de tropas IZAR
Misil Meteor para el Eurofighter  Consorcio Inmice (MBDA, EADS-CASA, IZAR, INDRA)
Carro de combate Pizarro    Asociación Pizarro (Santa Bárbara Sistemas SA, IZAR, INDRA, SAPA Plasencia)
   
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Año 2003. Programa 542E.3

   

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